La Ley de la Ciencia de 1986 ayudó a organizar la acción de fomento de la investigación, dispersa hasta entonces entre diferentes patronos públicos y, con escasa participación privada. Un nuevo proyecto de Ley obrante a las Cortes Generales pretende redireccionar la acción pública con nuevos objetivos que se comenta en el presente trabajo sugiriendo medidas concretas para la eficiencia del sistema.
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