Una de las novedades del CIC de 1983 es que sienta las bases de un sistema tendencialmente completo de derecho administrativo, aunque con ciertas carencias. La doctrina del Concilio Vaticano II es decisiva para interpretar adecuadamente dicho sistema, así como el concepto de acto administrativo canónico. En este artículo se realiza un análisis de cómo puede repercutir la codificación actual en la tutela de los derechos de los fieles.
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