El presente trabajo trata de ahondar en la sistematización y clarificación del complejo reparto de competencias estatales y autonómicas en materia de protección de los consumidores y usuarios. Dicho reparto evidencia aspectos claramente disfuncionales o merecedores de mejora o corrección, lo que, a nuestro juicio, pasa en general por el logro de una mayor concienciación de las diversas instancias territoriales implicadas de la necesidad de profundizar en los diversos instrumentos de colaboración entre las mismas, si se quiere lograr el máximo de eficacia en el reto común de la protección de los consumidores y usuarios ex art. 51 CE.
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