Independientemente de que ya hacía un tiempo que los poderes públicos habían comenzado a desarrollar planes y políticas tendentes a implantar la utilización de medios electrónicos de comunicación y relación entre las Administraciones y la ciudadanía, resulta evidente que, desde una perspectiva estrictamente normativa, ha sido la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la que ha dado el pistoletazo de salida en lo que ya puede considerarse un nuevo sector material de actividad administrativa y de modelo de relación con la ciudadanía: la administración electrónica
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