Filipinas vive en estado de excepción. Líderes campesinos y de organizaciones de izquierda son perseguidos y eliminados por el ejército o por paramilitares, mientras las autoridades y la justicia miran hacia otro lado. Cualquier oposición al desmantelamiento de los derechos laborales y a la privatización del patrimonio público se paga con la vida. Nada debe frenar la atracción de capitales para las áreas en desarrollo o las hectáreas destinadas a la agricultura genética. Naciones Unidas alerta contra los atropelllos, mientras la alianza entre gobierno y grandes corporaciones, bendecida por Estado Unidos, aplica la lucha antiterrorista a cualquier foco de resistencia.
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