A pesar del amplio reconocimiento con que cuenta hoy el derecho a la educación, el Derecho constitucional federal de los Estados Unidos sólo lo ha reconocido en su dimensión primaria, traducida comúnmente en libertad de los padres para escoger la educación de sus hijos, pero no en su dimensión de derecho social y menos aún en su vinculación inseparable con aquel contenido de libertad. Por otra parte, aunque ha suscitado una intensa y generalizada litigiosidad, únicamente en un tercio de los Estados miembros de la Unión está constitucionalmente garantizado el derecho social a la educación, y sólo como derecho a la escuela pública. En estas páginas se analiza esta realidad jurídica y el impacto que tiene al respecto o podría tener la ratificación por los Estados Unidos de algunos tratados internacionales.
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