La educación sobre competencias claves es una piedra angular de nuestro sistema educativo y el trabajo prioritario de nuestros centros en la actualidad. ¿Es esta una tarea que las escuelas deberían realizar en solitario o necesitaríamos ampliar los agentes participantes? En las décadas pasadas se han aprobado una serie de leyes escolares con el objetivo de dar respuesta a los nuevos desafíos sociales. Esta legislación ha intentado ordenar y transformar la realidad de la escuela, pero ha sido incapaz de implicar al resto de sectores sociales. Si aceptamos que la sociedad donde se ubica la escuela debería intervenir en el hecho educativo, una nueva legislación, no solo escolar, es necesaria. Esta nueva legislación debería interpretar y tener en cuenta las responsabilidades de todos los sectores sociales implicados. Si el desafío educativo es no solo ayudar a los ciudadanos a desarrollar sus capacidades potenciales, sino ayudarles a desarrollar su nivel de competencia en diversos campos personales y profesionales, sería lógico pensar que estas competencias deberían ser ejercidas en, con y desde la propia sociedad a la que pertenecen. Por esta razón se propone la elaboración de una normativa que sea capaz de organizar la participación de todos los agentes implicados, no solo educativos, sino también sociales, culturales, asistenciales, terapéuticos, sanitarios, laborales, etc. Esta propuesta podría llevarse a cabo mediante la creación y puesta en marcha de redes educativas integrales con capacidad de intervención real en el proceso educativo, desde diversas ópticas, en el diseño, planificación, puesta en práctica y evaluación de acciones educativas dentro de la comunidad
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