Los seres humanos decidieron unirse en sociedad para el progreso común e individual, formando para ello el Estado y concediéndole a éste la facultad de preservar el bienestar social, mediante la punición y prevención de conductas criminales; empero, al existir diversos grados de violación de las reglas sociales, surge también la posibilidad de sancionar de formas distintas dichas transgresiones.
La finalidad primordial del Estado es la prevención del actuar criminal y el conseguir el beneficio social, en consecuencia, debe tratarse de reinsertar al causante de la conducta antisocial en la sociedad; sin embargo, existen sujetos que cometen actos bastante graves o bien que son reiterativos en la comisión de conductas antisociales, a los cuáles habría que preguntarse si es conveniente, o no, el aplicarles la prevención especial negativa, es decir, la inocuización.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados