Gemma Martínez dedica este artículo a exponer las circunstancias que deben concurrir para poder calificar medidas fiscales regionales como ayudas de Estado por su selectividad territorial, criterios que han sido establecidos por el Tribunal de Justicia en distintas sentencias, en base a las conclusiones presentadas por los Abogados Generales, y que han otorgado a las regiones realmente autónomas un marco de seguridad jurídica suficiente para el ejercicio de sus competencias.
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