Tre meses despues, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aborda una segunda reforma del sistema financiero que eleva las provisiones de las entidades para respaldar los créditos dudosos en 30.000 millones y les otorga a éstas la capacidad de sacar de sus balances sus activos inmobiliarios problemáticos, traspasándolos a sociedades especializadas. Sin embargo, ni los analistas ni los mercados parecen estar satisfechos con el nuevo marco normativo aprobado por el Gobierno, ante la posibilidad de que los activos tóxicos sigan sin estar valorados de forma realista. Y el hecho de que Luis de Guindos haya solicitado al BCE que supervise la valoración de los activos que van a realizar dos firmas independientes se empieza a ver como el preludio de la inyección de fondos europeos en la entidades españolas.
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