La exclusión social se vincula por lo general a la responsabilidad del Estado en la ejecución de políticas sociales. En el Perú el trato a los excluidos es un mecanismo de control social, en algunos casos sutil y cuidadoso en los detalles, en otros ejerciendo la represión en nombre de la tranquilidad pública. Los excluidos son personas asistidas, clientes sin capacidad de reclamar porque no son convocados como sujetos de derecho o bien integrantes de las clases peligrosas. En la diversidad de sus estrategias el gobierno trata de ganar espacios para un autoritarismo consentido.
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