La justicia sometida al poder y la interminable emergencia del poder judicial (1999-2006)

• Autores: Allan Randolph Brewer Carías
• Localización: Cuadernos Unimetanos, ISSN-e 1690-8791, Nº. 11, 2007, págs. 122-138
• Idioma: español
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• Resumen
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    El contraste entre el lenguaje florido de la Constitución sobre la Justicia, el Estado de Justicia y el debido proceso, y la práctica política, ha provocado que en esta materia la Constitución sea letra muerta.

    Desde 1999, el Poder Judicial se encuentra intervenido por la emergencia judicial decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, con la anuencia de la antigua Corte Suprema de Justicia. Por obra de la transitoriedad constitucional que la misma Asamblea sancionó, al margen de la propia Constitución, la emergencia e intervención del Poder Judicial ha continuado, esta vez con la anuencia y complicidad tanto de la Asamblea Nacional como del Tribunal Supremo de Justicia. Este, desde el inicio, renunció a asumir su función constitucional de gobierno del Poder Judicial, compartiéndola con una inconstitucional Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que no ha cesado de existir. La Asamblea Nacional, en fraude a la Constitución, distorsionó la participación ciudadana en el proceso de postulación de los Magistrados del Tribunal Supremo, sancionando una Ley Orgánica del Tribunal Supremo para, al contrario, asegurar la designación de los Magistrados con sólo criterios políticos. El sometimiento de los Magistrados al poder político se agravó con la previsión, en la misma Ley Orgánica, y también en violación abierta de la Constitución, de la posibilidad de destitución de los Magistrados con el voto de la mayoría absoluta de la Asamblea. La Ley, al prorrogar la existencia de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, suspendió la aplicación de los postulados constitucionales dispuestos para asegurar la independencia y autonomía de los Jueces, que son, por una parte, su designación sólo por concurso público, y por la otra, su remoción sólo mediante juicio disciplinario. En esta forma, con la complicidad del Tribunal Supremo, se moldeó un fraude a la Constitución, permitiéndose a la Comisión que destituyera a materialmente todos los Jueces del país, sin garantía del debido proceso. Con ello se plagó al Poder Judicial de Jueces temporales y provisorios, los cuales, ahora, por decisión del mismo Tribunal Supremo, se han transformado en Jueces Titulares sin concurso público alguno, todo ello en forma contraria a la Constitución. El resultado de todo este proceso es un Poder Judicial sometido al poder político, carente de independencia y autonomía.

  • English

    The contrast between the florid wording of the Constitution on justice matters and the political practice has provoked the factual inapplicability of the Constitution. Since 1999, the Judiciary has been intervened because the judicial emergency decreed by the National Constituent Assembly, with the consent of the former Supreme Court of Justice. Due to the transitory constitutional regime established by the same Constituent Assembly, the emergency and intervention of the Judiciary have continued, this time, with the consent and complicity of the National Assembly and the Supreme Tribunal of Justice. The latter, from the beginning, has renounced to accomplish its functions regarding the government of the Judiciary, admitting to share them with an unconstitutional Commission for the Functioning and Restructuring of the Judicial System, which continues to exists. The National Assembly, in fraud to the Constitution, distorted the principle of citizens� participation in the process of the nomination of the Justices of the Supreme Tribunal, sanctioning the Organic Law of the Tribunal in order to, on the contrary, assure their appointment only based on political criteria.

    The subjection of the Justices to the political power has been aggravated with the Law provision, contrary to the Constitution, of the possibility of dismissal of the Justices by the vote of just the absolute majority of the representatives. The Law, by extending the existence of the Commission, suspended the application of two of the constitutional provisions established to guarantee the independence and autonomy of judges, which are, on the one hand, their appointment only as a result of public competition;

    and on the other hand, their dismissal only through disciplinary judicial judgment. In this way, with the complicity of the Supreme Tribunal, a fraud of the Constitution was constructed, allowing such Commission to dismiss almost all judges of the country, without due process guarantees. Consequently, the Judiciary was fill up with temporary and provisional judges; whom now, the Supreme Tribunal has decided to transform in permanent judges, without public competition and in violation of the Constitution.

    The result of all this process, in a Judiciary subjected to political power, without any independence and autonomy whatsoever.