El gobierno español prepara una reforma energética que incluye una tasa sobre la facturación de todas las centrales generadoras de electricidad. la fotovoltaica podría ser la tecnología más castigada por la nueva medida fiscal que afecta a las instalaciones ya existentes. Fondos internacionales advierten del peligro que supone para futuras inversiones una nueva vulneración de la seguridad jurídica. Renovables y lobby convencional intentan que Europa interceda por ellos.
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