En febrero, el entonces Ministro alemán de Medio Ambiente, Norbert Rottgen, quiso modificar de un plumazo los parámetros de fomento en el mayor mercado fotovoltaico del mundo. En mayo, los Estados federados alemanes le pararon los pies. Ahora hay un compromiso sobre la mesa y, con él, se ha puesto fin al menos a la inseguridad jurídica imperante desde hace meses. Pronto se necesitará una nueva normativa, pues el objetivo de 52 gigavatios actualmente impuesto es probable, que se alcance en dos o tres años.
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