Alcanzar unos niveles adecuados de productividad en las economías de los Estados es una constante preocupación para todos los Gobiernos actualmente. Nuestra Constitución, de forma anticipada, ya incluyó la defensa de la productividad, como una parte esencial del derecho a la libertad de empresa consagrado en el artículo 38. No obstante, esta referencia y las consecuencias que de ella se derivan, han merecido muy poca atención por la doctrina de nuestro país. Este trabajo sitúa el mandato a los poderes públicos de defensa de la productividad en el contexto de la constitución económica, así como intenta definir una aproximación jurídica a su concepto. También se analiza su virtualidad jurídica y las garantías que lo protegen. Así mismo, propone una serie de medidas para que los poderes públicos salvaguarden su plena vigencia como parte de la Constitución
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados