La concesión de ayudas públicas, directas o indirectas, a las sociedades deportivas profesionales está teóricamente sujeta al control de su compatibilidad con la libre competencia en el mercado. Con ocasión de la promulgación de la Ley francesa 2011-617, que fexibiliza el régimen de ayudas respecto a los estadios que albergarán sedes de la Eurocopa de 2016, se reflexiona sobre la necesidad de revisar la posición comunitaria respecto a las ayudas públicas a grandes infraestructuras deportivas al servicio de sociedades que compiten en las máximas categorías del fútbol profesional mundial con lógica y naturaleza mercantiles, operando incluso en bolsa; máxime en un contexto de crisis como el actual.
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