Los ministerios de Justicia e Interior anuncian su intención de preparar conjuntamente una reforma del Código Penal para endurecer de modo radical el tratamiento jurídico a quienes participen en manifestaciones o actos en los que se produzcan alteraciones del orden público. Penas de cárcel para quienes se resistan a ser detenidos o se encadenen entrelazando los brazos para evitar la disolución de una sentada, o la acción penal contra partidos y sindicatos convocantes de las concentraciones en las que se den estas clases de problemas, son algunas de las medidas previstas, que ya están siendo contestadas con fuerza por partidos de izquierda, centrales sindicales, juristas de prestigio e intelectuales
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