Hasta la introducción de la novedad que supone la liberalización del sector eléctrico, en España existía una situación de regulación de este sector concentrada en la Administración. Este sistema de gestión permitía una explotación del sistema unificada y sin riesgos de inversión, pero también toleraba la existencia de errores de "bulto" debidos a intereses políticos, individuales, etc.(
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