Los magistrados progresistas no están por la labor de facilitar al Gobierno y los empresarios la aplicación de un cambio en la legislación laboral que abarata el despido, y prácticamente elimina la influencia equilibradora de la negociación colectiva. Jueces para la Democracia (JpD) ha hecho público un comunicado muy crítico, en el que considera inconstitucionales muchos aspectos del Decreto Ley que entró en vigor el pasado 12 de febrero, e insta a sus asociados a "poner freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo otorgan al empresario". Varios togados ya han actuado en consecuencia en diversas sentencias, obviando, de hecho, la reforma. Incluso, desde el juzgado de lo Social número 30 de Madrid, se ha iniciado la tramitación para recurrirla ante el Tribunal Constitucional
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