Aceptando como punto de partida que el fracaso competitivo de la empresa española se debe a la protección de sus mercados, se achaca su actual impotencia competitiva a los límites institucionales que encuentra su desarrollo como sociedad anónima plena. Tras discutir la situación y posibilidades de los medianos empresarios, de los conglomerados bancario-industriales y del decisor político, se explica cómo su actuación óptima consiste, respectivamente, en vender sus empresas a extranjeros, liquidar sus grupos industriales y desregular el marco institucional.
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