Evaluar la labor y las políticas públicas es un concepto y una práctica cada vez más extendida. En el caso concreto de Castilla � La Mancha, las grandes áreas de Bienestar llevan implícitos en sus documentos de referencia las directrices evaluadoras. Pero en más de 50 años desde su nacimiento, el análisis y la praxis de esta materia han sufrido un proceso de cambio en su concepción y sobre todo, de asimilación de la importancia de los factores políticos.
El presente artículo repasa algunos resortes de cambio en la noción de evaluación que tienden a asumir su componente político, hasta la actual unanimidad sobre su esencia claramente política. En un paso más allá, se profundiza en las distintas formas de relación entre política y evaluación; vertebradas en torno a un eje de esencialidad o determinismo de la primera sobre las segunda. En este sentido se analizan tres puntos de vista: la consideración de la política como un contexto determinante, la equiparación de la evaluación a una acción claramente política y finalmente la concepción de la evaluación como una herramienta del propio sistema político
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