Este artículo expone de forma crítica el contenido y ámbito de aplicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia. Se recogen numerosos casos prácticos relativos a procesos civiles de consumo que ponen de manifiesto las situaciones injustas generadas por la nueva ley y su carácter contrario a la Constitución y a los convenios internacionales
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