Los estados latinoamericanos han ignorado y marginado a lo largo de su historia a los pueblos indígenas presentes en sus territorios. Un claro ejemplo de esta intolerancia se refleja en la imposición del derecho estatal a estos pueblos, los cuales han venido resolviendo sus conflictos de acuerdo con sus propios sistemas jurídicos, basados en su cosmovisión. A finales del siglo XX, las constituciones latinoamericanas comienzan a reconocer la diversidad étnica y cultural y, consiguientemente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra el derecho a su propio derecho y a resolver sus conflictos conforme al mismo
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