Es Estado compartirá con las Comunidades Autónomas, al cincuenta por ciento, el establecimiento del nuevo impuesto indirecto sobre los hidrocarburos. Teóricamente este impuesto servirá para financiar la Sanidad Pública, pero nadie puede garantizarlo, porque en la Haciendo Pública española la mayoría de los ingresos se definen sin adscripción finalista.
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