Las Comunidades Autónomas han asumido las competencias en materia educativa. Pero, esta apuesta descentralizadora está afectando al principio constitucional del derecho a una educación igualitaria, tanto en lo que se refiere a las desigualdades socio-económicas que marcan las diferencias entre las distintas Autonomías, como en el proyecto ideológico del grupo político que gobierna cada una.
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