La cuestión principal planteada en este artículo es si el caso argentino representa un desafío a la eficacia y, en última instancia, a la legitimidad política del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución especializada en la solución de diferendos entre inversores extranjeros y Estados huésped. La acumulación de casos contra la Argentina obliga a un necesario debate técnico, y también político, sobre cómo mejorar el papel de un sistema concebido originalmente como un foro internacional de última instancia.
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