El 23 de febrero de 2013 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de febrero, con el que el Gobierno pretende, de un lado, modular las tasas judiciales instauradas por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, y de otro, ampliar los umbrales de acceso a la asistencia jurídica gratuita.
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