La intención declarada del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de modificar la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo para convertirla en una norma aún más restrictiva que su predecesora -aprobada en 1985- ha puesto en pie de guerra a toda la oposición, a la inmensa mayoría de las organizaciones de mujeres y a la totalidad de las asociaciones progresistas. Pero también ha encontrado fuerte resistencia en algunos sectores de su propio partido -el PP-, que no desean un retroceso tan marcado en materia de libertades y derechos, ni una identificación tan directa con la voluntad expresada sin cesar por la jerarquía de la Iglesia Católica española.
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