La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de prevención y lucha contra el fraude, ha incluido en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo que suponen la generalización del mecanismo para una amplia mayoría de transmisiones y ejecuciones de obras sobre bienes inmuebles, cuando las operaciones se efectúan entre empresarios y profesionales. Sirva este artículo para analizar, bajo una perspectiva eminentemente práctica, los criterios y circunstancias que deben seguirse para su aplicación.
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