En este artículo se sostiene que el Trabajo Social y la política social basados en la evidencia son un imperativo de derechos humanos. Ya no es aceptable que al momento de formular políticas sociales los gobiernos o los agentes de Trabajo Social, como los trabajadores sociales, se involucren en la vida de las personas sin una evidencia que demuestre que lo que hacen puede ser beneficioso -o al menos no dañino- para quienes son el objetivo de la política o la intervención. Este estudio sostiene que cuando los profesionales y legisladores intervienen en la vida de los demás sin una evidencia que muestre que lo que hacen podría ser beneficioso para los involucrados, no son menos culpables del daño causado y de abuso de derechos humanos simplemente porque pretendían hacer el bien. Este trabajo se divide en dos partes. La primera considera el caso del Trabajo Social y sus implicancias para la enseñanza de Trabajo Social, y la segunda considera la política social.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados