En 1997, Lurie y Wolfe denunciaron en la revista New England Journal of Medicine a un grupo de médicos, auspiciados por la industria farmacéutica, que habían realizado 15 investigaciones en países subdesarrollados, que incluían procedimientos que faltaban a todos los códigos éticos que a partir de los juicios Nuremberg daban sustento moral a la investigación. Se trataba de estudios en los que se investigaban un medicamento nuevo o dosis alternativas de alguno conocido para evitar la transmisión perinatal del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El grave problema ético consistió en que en estos estudios se emplearon como grupos testigos (controles) de la investigación a mujeres embarazadas infectadas con VIH a las que se les administró un placebo.
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