La expansión del conflicto armado, lo mismo que su intensidad y degradación, representa para los pueblos indígenas el principal factor causal de la violación de sus derechos. Aunque se registran importantes desarrollos normativos y constitucionales en la Carta Política de 1991, que otorgan reconocimiento jurídico y político a los pueblos indígenas, estos continúan siendo víctimas de hechos que atentan contra su pervivencia e identidad cultural. En este escenario, se realiza una constatación empírica de la situación, y se propone la articulación entre etnopolíticas, políticas públicas y derechos humanos, para la formulación de una política integral de derechos humanos.
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