Elena Larrauri, James B. Jacobs
Este artículo asume que los antecedentes penales suponen un serio obtáculo para la reintegración laboral de las personas que han cumplido una condena. Se presume que esta reinserción es más difícil en los países en que se dan tres condiciones: los antecedentes penales son públicos y fácilmente accesibles, los empresarios están obligados a llevar a cabo controles antes de contratar a sus empleados, y los antecedentes penales no se cancelan. El artículo se centra en la legislación española referida a los empleos para los cuales se exige la presentación de un certificado de antecedentes penales (CAP), e intenta averiguar en qué casos está permitido solicitarlos y en cuáles está prohibido. Dado que en el año 2010 se han realizado un millón y medio de peticiones al Registro Central de Penados (RCP) en España nuestra duda es si también aquí los antecentes penales representan un mayor obstáculo del imaginado a la reinserción laboral.
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