El presente trabajo aborda las carencias del proceso legislativo español, en particular en materia penal, en orden a una adecuada evaluación de los efectos de las normas que aseguren la calidad de éstas, su racionalidad. El autor analiza para ello las distintas tareas que en la actualidad se realizan a lo largo de las distintas fases que componen el proceso de creación de normas en España y los instrumentos con los que los poderes públicos cuentan para desarrollarlas. Así, pone de manifiesto el carácter meramente formal de las labores que se desempeñan en tales fases, incluida la evaluación de normas, reclamando la potenciación de la vertiente material de dichas tareas, sobre todo a la luz de las deficiencias detectadas en este punto en la gestación de la última reforma penal de 2010.
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