Pese a que el Gobierno ha rebajado hasta 50.000 la ya de por sí modesta pretensión sindical de dedicar 80.000 millones para actualizar las pensiones más bajas, es fácil encontrar otros casos, de altos funcionarios o trabajadores de empresas ligadas al sector público, con los que el criterio gubernativo torna la austeridad en generosidad. A veces hasta extremos sonrojantes.
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