El sistema de penas propuesto por el legislador penal español a las personas jurídicas ofrece un gran número de incoherencias y contradicciones, en buena parte resultado de haber procedido a su diseño sin haber definido la finalidad que se perseguía con él. El presente artículo defiende su finalidad preventiva especial y, en coherencia, expone, en primer lugar, algunas reformas legislativas necesarias y, en segundo lugar, una interpretación del texto legal vigente que permita una aplicación efectiva de esta nueva institución para la prevención de la delincuencia económica.
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