Los Tribunales de Justicia ofrecen a menudo claves jurídicas esenciales de buenas prácticas para la garantizar la protección de datos de salud. Los primeros casos vistos por el Tribunal Constitucional censuran el mero hecho de que una entidad privada o pública no sanitaria tuvieran datos personales de salud sin previo conocimiento ni consentimiento de los afectados.
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