La Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2012, relativa a la Ley 8/2000 del Parlamento de las Illes Balears, de 27 de octubre, de consejos insulares, es una decisión trascendental sobre la naturaleza jurídica de estos entes, pues afirma inequívocamente su doble condición de administraciones locales e instituciones autonómicas. Aquí se van a exponer y comentar esquemáticamente los contenidos más relevantes de dicha sentencia.
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