La tramitación por parte de las Cortes Generales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha reabierto el debate acerca de las influencias que reciben los poderes públicos en la toma de decisiones. Ya con anterioridad, en 2008, la cuestión se había suscitado a raíz del "Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español", en el que se señalaba que "una cuestión que no plantea de modo frontal la consulta del Gobierno, pero que emerge sin remedio al abordar las suscitadas, radica en la intervención que, en el proceso normativo y decisorio comunitario, tienen los grupos representativos de intereses sociales y el diálogo social."
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