El Ejecutivo presentaba el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), a iniciativa del ministro del Interior, Jorge Fernández, una norma que cercena el derecho de manifestación y criminaliza las protestas ciudadanas en un momento de gran conflictividad social con motivo de los recortes, la reforma laboral, las astronómicas cifras de desempleo y el incremento exponencial de la pobreza y la desigualdad social y económica. Paralelamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba también el impulso de una norma para regular los servicios mínimos en las huelgas. La izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales se oponen frontalmente a estos proyectos y denuncian su carácter represor. En IU ya han denominado a esta iniciativa como "ley de la patada en la boca de la democracia". Pero esta pretensión gubernamental también causa alarma en los medios internacionales, y hasta en el consejo de Europa, que ha calificado la norma como "muy problemática".
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