El presente trabajo sugiere la necesidad de ampliar la aplicación de la suspensión de la pena de prisión para drogodependientes a un número mayor de penados. En un primer apartado, se aporta un conjunto de evidencias que permiten presumir que la suspensión especial se aplica menos de lo que podría aplicarse. En el segundo apartado, se ofrecen algunos argumentos que podrían explicar la limitación de este recurso: una regulación legal confusa, la falta de un informe criminológico-social previo a la sentencia y determinadas características de nuestra cultura judicial. Y fi nalmente, se exponen tres elementos vinculados con el proceso de individualización legal y judicial, cuya adopción en nuestro país permitiría incrementar tanto la credibilidad como la extensión de esta pena comunitaria: la Therapeutic Jurisprudence, los Drug Treatment Courts y el Pre-Sentence Report.
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