La Ley concreta, además de una ordenación territorial en materia de salud pública más eficaz y eficiente, el reparto de responsabilidades, los mecanismos de intervención, los sistemas de coordinación, las redes de vigilancia, la red de laboratorios y las funciones de los profesionales sanitarios. Incorpora igualmente, la creación de comités de coordinación y científicos en materia de seguridad alimentaria, así como la formación de gabinetes de crisis en caso de producirse estas situaciones. En resumen, una ley comprometida con nuestra sociedad, exigente con los poderes públicos, integradora e innovadora al concebir la salud pública como un servicio público de amplia dimensión, complejo y de carácter transversal a todo el sistema.
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