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Responsabilidad patrimonial de las Entidades Locales en lo tocante a obras ejecutadas

  • Autores: José Hoyo Rodrigo
  • Localización: Revista española de la función consultiva, ISSN 1698-6849, Nº. 18, 2012, págs. 99-115
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Las entidades locales, en la solicitud de dictámenes al Consell Jurídic Consultiu (CJC), tras la reforma de Ley de 1994 de Creación, ya están legitimadas para solicitar directamente la consulta, abundando el campo de las infraestructuras (carreteras y vías pública de titularidad municipal), pero se dan también en los más variados ámbitos competenciales que atribuye la Ley 8/1985, de Bases del Régimen Local y disposiciones normativas de desarrollo a los entes Locales.

      Examinada la doctrina recaída en la materia del CJC cabe concluir que:

      1. Para dar lugar a la declaración de responsabilidad patrimonial deben concurrir todos los requisitos para declarar la responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, en particular del ámbito territorial estudiado, tal como se configura legal y jurisprudencialmente.

      2. En particular, se exige que los informes técnicos acrediten que la causa de los daños dimana del funcionamiento del servicio público, en una relación directa; es decir, en materia de obras, que éstas hayan causado el daño alegado, que el particular no tiene obligación de soportar, de acuerdo con la ley, no bastando las molestias ordinarias causadas por la realización de obras, sino acreditar le existencia de un daño efectivo y económicamente evaluable.

      3. Es importante señalar que la carga de la prueba recae sobre el reclamante, a excepción de las reclamaciones sanitarias en que la Administración activa coadyuva a la probanza.

      En definitiva, la casuística denota en su conjunto los rasgos sustanciales del Instituto de la responsabilidad patrimonial en las materias estudiadas de la responsabilidad patrimonial de las entidades locales en lo tocante a obras ejecutadas

    • English

      Local Entities about the application form of the opinions of the Advisory Board, after the 1994 Creation Law amendment, are competent to solicit directly the enquiry, abounding in the field of the infrastructures (streets and thoroughfare of local ownership) but there are in the most variety competition fields that the 8/1985 Local Regime and Normative dispositions about Local Entities Development Law attributes.

      Once examined the doctrine in the Advisory Board matters, we conclude that:

      1. For the Patrimonial Liability declaration to exist, all the requirements have to agree to declare that the Patrimonial Liability of the Public Administrations, in particular the territorial scope studied, as a legal and jurisprudential configuration.

      2. In particular, is required that the technical reports confirm the damages are a consequence of the functioning of the Public Services, in a direct relationship, that is to say in building matters and that these last have caused the alleged damage.

      The particular person does not have the obligation to bear it in accordance with the law, it is not enough to be disturbed in a regular manner because of the building work, but to prove the existence of an actual and economically evaluated damage.

      3. It is important to point out that the burden of proof falls to the claimant, excepting the sanitary claims, that the Public Administration requires help for the proof.

      In conclusion, the casuistry indicates the substantial features of the Patrimonial Liability Institute in the studied matter of the Patrimonial Liability of the Local Entities in the executed buildings.


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