Resumen de Tratamiento penal de la ordenación del territorio y el urbanismo tras la reforma de 2010: fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística
El presente trabajo tiene por finalidad principal realizar un estudio comparativo entre la regulación llevada a cabo por el CP de 1995 sobre los delitos contra la «ordenación del territorio y el urbanismo» y la que se encuentra hoy vigente tras operarse la reforma penal de 2010, sin olvidar la nueva Ley del Suelo de 2007 (TR 2008). Para ello se aborda el análisis individualizado de cada fi gura delictiva, tipifi cada en el CP después de dicha reforma, esto es, la fi gura genérica, la agravada, y la de prevaricación específi ca (art. 319, 2 y 1 y art. 320), con particular referencia a sus elementos integrantes, que, al ser en su mayoría elementos normativos del tipo, requieren de una particular valoración por el juez penal en cada caso concreto, antes de proceder a dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. De ahí que se hayan consultado no solo las opiniones de la doctrina penal especializada en la materia, sino, sobre todo, las valoraciones realizadas al respecto por la jurisprudencia más reciente, en particular por la que procede de algunas Audiencias Provinciales. Dicho estudio aborda, además, con carácter previo y desde una perspectiva esencialmente crítica, otra serie de cuestiones, de indudable problemática jurídica extra-penal e imprescindible conocimiento para el lector interesado en estos temas, como son, por ejemplo, las razones fundamentales que conducen al fracaso del control preventivo administrativo sobre la comisión de estos delitos, o la búsqueda de los límites a la mínima la intervención penal en materia urbanística. Asimismo, el trabajo incorpora un análisis pormenorizado, doctrinal y jurisprudencial, acerca de la naturaleza y alcance de la fi gura sobre demolición de una obra ilegal, al igual que del papel que pueden desempeñar las personas jurídicas en la comisión de estos delitos, a raíz de las modifi caciones introducidas por LO 5/2010.
