Condiciones tales como la crisis de desarrollo de los años ochenta en América Latina; la masificación de la educación superior; la creciente participación y exigencia de transparencia de la sociedad civil hacia instituciones y organismos vinculados a servicios públicos como la educación; el avance de los regímenes democráticos y la difusión de la cultura de la calidad, impactaron en las instituciones de educación terciaria produciendo la necesidad de establecer modelos de gestión educativa sustentados en modelos de evaluación capaces de garantizar la consistencia de los programas educativos ofrecidos por las instituciones de educación superior con las demandas del entorno productivo, social y cultural. México no fue la excepción y desde la década de los ochentas del siglo XX se impulsaron iniciativas gubernamentales, así como de organismos de la sociedad civil, que buscaron establecer modelos de evaluación y en algunos casos de acreditación de las instituciones y/o programas de educación superior. El problema es que se ha producido una gran cantidad de instituciones y exigencias de evaluación que por un lado responden a la complejidad social, cultural y educativa del país, pero por otro lado generan la urgencia de sistematizar los modelos aplicados a la fecha para no perder la posibilidad de educar con pertinencia y calidad por ocuparse sólo de evaluar. El enfoque propuesto en este artículo es evaluar para educar y no educar para evaluar.
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