Los proyectos urbanos en Colombia no han sido exitosos en alcanzar objetivos sociales o los propios del ordenamiento urbano. Aquí se propone que con algunos instrumentos financieros �como el patrimonio autónomo� de gestión del suelo y de participación en plusvalía de la Ley 388 de 1997 es posible usar las rentas del suelo para alcanzar mejores dotaciones urbanas y vivienda de interés social, bajo el principio del reparto equitativo de cargas y beneficios. La plusvalía como impuesto pigoviano corrige las distorsiones del mercado, y el patrimonio autónomo reasigna derechos de propiedad para alcanzar los objetivos públicos y privados
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