Las diversas soluciones que el Tribunal Supremo ha venido dando a las compensaciones económicas entre los miembros de las uniones no matrimoniales en el momento de la ruptura han conducido a una grave situación de inseguridad jurídica en nuestro ordenamiento. Aunque las sentencias del Tribunal Constitucional 81/2013 y 93/2013 han venido a aclarar numerosas cuestiones sobre el alcance que puede tener la legislación de las Comunidades Autónomas en este ámbito, el problema principal no ha quedado solucionado por lo que continúa la situación de incertidumbre en esta materia.
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