Este artículo parte del compromiso adquirido a nivel internacional y europeo con otra forma de hacer Derecho, incorporando el vinculante y complejo principio del gender mainstreaming. Este compromiso afecta al orden nacional, autonómico y local, y obliga a urgentes e importantes modificaciones orgánicas y funcionales. En este proceso están comprometidos los tres Poderes del Estado y los altos mandatarios, responsables de políticas sectoriales, para que desde una formación adecuada y compleja en Derecho antidiscriminatorio, implementen esta nueva técnica legislativa de obligado cumplimiento
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