La política hidrológica en España, en los últimos veinte años, no ha estado, fundamentalmente, orientada a definir y resolver adecuadamente los problemas hidrológicos. Al contrario, son las empresas constructoras y eléctricas las que han impuesto a los diferentes gobiernos cuáles eran los 'problemas' y cuáles eran las 'soluciones'. Los gobiernos han jugado el papel de hacer creer que gobernaban, lo que supone un secuestro de la noción de bien público, de los fondos públicos y de la democracia.
In the last twenty years, hydrological policy in Spain was not mainly oriented to define and solve adequately hydrological problems. Instead construction and electric companies have imposed to different governments the 'problems' to be solved and 'solutions' to put in practice. Governments have played the role of making believe that they do really govern. That entails a public policy, a public funding and a democracy hijacking.
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