Este artículo se propone tomar el juicio de residencia establecido por la Asamblea General Constituyente como un procedimiento que encarna, más allá de su especificidad jurídica, una forma política. En tanto juzgar implica examinar una conducta o acción, constituye una operación que forma parte de una actividad de control, pero también de una puesta a prueba de los valores y normas de una comunidad. De este modo, la residencia traspasa el marco estrictamente judicial para cumplir un rol determinado en las disputas políticas, operando como mecanismo de justificación del desplazamiento de los opositores e instituyendo a la vez, cierta visión sobre el quehacer político. El análisis del proceso judicial se plantea en dos niveles; en el primero, se aborda el campo jurídico para examinar el tipo de juicio al que fueron sometidos los imputados, y en el segundo se trabaja sobre el conjunto de ideas y valores que rodearon la �conducta pública� de los residenciados.
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